Aspectos clave sobre la Ley de Secretos Empresariales

AUTOR: Ana Tuya

FECHA: 30.04.2019

El pasado 13 de marzo 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que tiene por objeto la protección unificada de los secretos empresariales, hasta esta fecha protegidos a través de distintas normas dispersas en el Código Penal o en la Ley de Competencia Desleal y, principalmente, a través de cláusulas contractuales.

¿Qué se entiende por "secreto empresarial"?

La Ley lo define como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúnan tres condiciones:

  1. por secreto, en el sentido de que no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información, ni fácilmente accesible para ellas;
  2. tener un valor empresarial precisamente por ser secreto, y
  3. haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

¿Qué actuaciones se consideran ilícitas?

Se considera ilícita la obtención de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular cuando se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizada de cualquier soporte que contenga el secreto empresarial o a parir del cual se pueda deducir y cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales.

Por otro lado, la utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular se considera ilícita cuando viene precedida por una obtención ilícita o si se incumple una obligación de confidencialidad o de índole similar.

¿Qué acciones se prevén en defensa del secreto empresarial?

La ley establece un catálogo abierto de acciones de defensa, en las que se incluyen, la declaración de la violación del secreto, la cesación o prohibición de los actos ilícitos, la aprehensión de las mercancías infractoras y su posible atribución en propiedad al perjudicado, la remoción, la indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia.

El plazo de prescripción es de tres años a contar "desde el momento en que el legitimado tuvo consentimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial".