El Tribunal Constitucional anula el artículo que permitía a los partidos políticos recoger datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos

AUTOR: Ana Victoria Martínez

FECHA: 28.0.2019

El Pleno del TC estima el recurso de inconstitucionalidad contra el apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

El artículo decía lo siguiente: “La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.”

Este precepto supone una habilitación de un tratamiento de datos personales que de lo contrario estaría prohibido tanto por la normativa europea como la nacional, por tratarse de datos relativos a categorías especiales.

Si bien el derecho fundamental a la protección de datos puede restringirse por medio de ley, la restricción debe responder a un interés general que además debe garantizar el principio de proporcionalidad. La protección y establecimiento de garantías adecuadas no solo se exige en la normativa europea sino que además es una exigencia constitucional.

La restricción por ley debe garantizar exigencias de certeza que han de presidir cualquier injerencia en un derecho fundamental y de precisión de los presupuestos materiales de la limitación del mismo, de otra forma se genera una indeterminación sobre los casos a los que se aplica tal restricción.

Según afirma la Sentencia, con este precepto se han producido tres vulneraciones del artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE, esto es, a la reserva de ley y el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales. Entre otros, los siguientes fundamentos han motivado la estimación del recurso: 

  • No especifica de forma precisa cuál es ese interés público esencial que fundamenta la injerencia legislativa en el derecho fundamental. Esta indeterminación supone que se le traslada a los partidos políticos el desempeño de regular y establecer límites en relación con derechos fundamentales.
  • No limita el tratamiento mediante una regulación pormenorizada de las restricciones al derecho fundamental. Solo podrá llevarse a cabo «en el marco de sus actividades electorales» es una condición que apenas contribuye a constreñir el uso de la habilitación conferida. El precepto no especifica el alcance y contenido de los tratamientos de datos que autoriza, por lo que resulta insuficiente para determinar si las operaciones que puedan llevar a cabo los partidos políticos serán o no «el fruto previsible de la razonable aplicación de lo decidido por el legislador».
  • El TC confirma que no se han establecido las garantías adecuadas para proteger el derecho fundamental, y que en su caso, “las garantías deberían estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado”. El artículo declarado nulo, no precisó garantías algunas, razón por la cual se aprobó la Circular 1/2019 de la AEPD, que determinaba que ésta sería quien las identificase.
    Además, la necesidad de establecer garantías adecuadas es mayor si el tratamiento afecta a categorías especiales de datos por su especial incidencia en dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.

La declaración de inconstitucionalidad no va a evitar que se puedan seguir elaborando perfiles políticos y donde se debería poner la atención es en la creación de herramientas tecnológicas y jurídicas adecuadas para conseguir una menor intromisión en la privacidad de los ciudadanos.