La ejecución en España de sentencias de un país miembro de la Unión Europea

AUTOR: Beatrice Ciccione 

FECHA: 07.02.2019

Son cada vez más habituales los procedimientos en los que interviene más de un país miembro de la Unión Europea, dictándose sentencia  en uno de los Estados Miembros, cuya ejecución se va a producir en España.

Pues bien, en estos casos la normativa europea nos ofrece una serie de instrumentos que facilitan el reconocimiento de dicha sentencia,  así como una ejecución más sencilla y rápida en España.

En concreto el Reglamento (UE) nº 1215/2012 de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo es el encargado de regular todo lo relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Su articulado dispone el reconocimiento de las resoluciones dictadas en un estado miembro por parte de los demás estados  sin que sea necesario ulterior procedimiento: desde que en el Estado de origen la sentencia tiene valor ejecutivo, los demás países la reconocerán y ejecutarán en las mismas condiciones. 

Así, el primer paso, al obtener una sentencia extranjera que se desea ejecutar en España, será el de recabar una copia autentica de la resolución original siendo recomendable, si bien no exigido por el Reglamento, acompañarla de la preceptiva traducción jurada y “apostilla”. 

En segundo lugar, se procederá a solicitar al juzgado de origen que expida el certificado que indica el artículo 53 del Reglamento y que figura como Anexo I del mismo. Dicho certificado, estandarizado, indicará todos los datos necesarios para la ejecución en el país de destino: por ejemplo, datos de las partes o importes que deben abonarse.

Una vez obtenida la mencionada documentación, ya se podrá proceder a interponer la demanda de reconocimiento y ejecución ante el tribunal territorialmente competente en España que, por normal general, será el juzgado de primera instancia del partido judicial donde se encuentra el domicilio del demandado.

A partir de ese momento, su tramitación seguirá la normativa del país de destino, en nuestro caso España.