La Ley de Secretos Empresariales

AUTOR: Susan Iniesta Zitzmann 

FECHA: 19.02.2019

El día 6 de febrero se ha aprobado la Ley de Secretos Empresariales destinada a dar seguridad jurídica, proteger y reforzar la innovación empresarial y por la que se transpone la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016.

En los próximos días será publicado en el BOE y entrará en vigor a los 20 días de dicha publicación.

Esta Ley regula íntegramente los secretos empresariales que hasta le fecha estaban protegidos de forma dispersa en nuestro ordenamiento (en el Código Penal, en la Ley de Competencia Desleal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Patentes, …).

Así en el plano sustantivo la nueva Ley de Secretos Empresariales incorpora la definición de secreto empresarial en su artículo 1 (“cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna una serie de requisitos") y también determina las conductas constitutivas de violación de los secretos empresariales y define las circunstancias en que son ilícitas en su artículo 3.

En su artículo 9 se enumeran las acciones que pueden ejercitar los titulares de secretos empresariales, mientras que su artículo 10 determina como calcular los daños y perjuicios y el artículo 11 un plazo de prescripción de 3 años desde el momento que el legitimado tiene conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

En el plano procesal, la Ley de Secretos Empresariales prevé:

  • la competencia de los Juzgados de lo Mercantil correspondientes al domicilio del demandado o, a elección del demandante, los Juzgados de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos (art. 14)
  • la regulación para preservar la confidencialidad de la información que se aporte o genere en el proceso y pueda constituir secreto empresarial (art. 15). Así cualquier  persona que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, no podrá utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces hayan declarado confidencial. La Ley establece asimismo la posibilidad de los Jueces de adoptar medidas concretas para preservar la confidencialidad pudiendo ser:
  • a) La restricción  a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento (en sentido amplio), que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial.
  • b) La restricción a un número limitado de personas al acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas.
  • c) La puesta a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas anteriormente referenciadas una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.
  • la buena fe procesal en los términos previstos en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como especialidad frente a lo estipulado en el apartado 3 de dicho artículo, la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar la tercera parte de la cuantía del litigio. Además cabrá la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.
  • las posibles diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales consistentes en (i) diligencias de comprobación de hechos (art.17), (ii) acceso a fuentes de prueba (art. 18), (iii) medidas de aseguramiento de la prueba (art.19).

Las medidas cautelares que podrán ser:

a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial.

b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines.

c) La retención y depósito de mercancías infractoras.

d) El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.