Novedades en el ET: derecho a la intimidad en el entorno digital y desconexión

AUTOR: Clara Marín 

FECHA: 14.02.2019

No todo el mundo es consciente de que la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), ha introducido un nuevo artículo en el Estatuto de los Trabajadores (ET). En concreto, se trata del artículo 20 bis del ET, vigente desde el 7 de diciembre de 2018, que tiene el siguiente contenido:

“Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión 

Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.”

Este nuevo artículo del Estatuto de los Trabajadores  introduce nuevos derechos para los trabajadores que parecen actuar como contrapunto al poder empresarial de dirección y control de la actividad laboral que ya regulaba el artículo 20 del ET.

Estos nuevos derechos, que deben aplicarse en “los términos establecidos” en la nueva LOPD, pueden agruparse en dos bloques:

I.- El Derecho a la intimidad en dos vertientes:

A) En el uso por parte de los trabajadores de los dispositivos digitales (tales como el ordenador o el móvil de empresa) puestos a su disposición por el empleador.

El art. 87 de la LOPD establece que, en protección de esta intimidad, el empresario solo podrá acceder a los contenidos derivados del uso de estos dispositivos a los efectos de controlar el  cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los trabajadores y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. 

Además, se regula la obligación de las empresas de establecer, con la participación de los representantes de los trabajadores si los hubiera, los criterios de utilización de dichos dispositivos digitales, criterios de los que los trabajadores deberán ser informados.

Estos criterios han respetar en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad, “de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente”.

Por otra parte, en el caso de que se permita también el uso con fines privados de estos dispositivos, el acceso a los mismos por parte del empleador tiene que cumplir unas condiciones “extra”: que se hayan especificado de modo preciso los usos autorizados y que se hayan establecido garantías para preservar la intimidad de los trabajadores (por ejemplo la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para esos fines privados).

B) Frente al uso que puedan hacer los empresarios de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo y de sistemas de geolocalización de trabajadores.

Los art. 89 y 90 de la LOPD establecen, entre otras cuestiones, que los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, acerca de la utilización de dispositivos de videovigilancia y sistemas de geolocalización en el lugar de trabajo para el ejercicio de las funciones de control del artículo 20 ET, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. 

No se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

En cualquier caso dice la Ley que, si a través de un sistema de videovigilancia, se hubiera captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores, se entenderá cumplido el deber de informar cuando se hubiera colocado un distintivo informativo en lugar suficientemente visible indicando que se trata de una zona videovigilada e identificando, al menos, la existencia del tratamiento de los datos, las condiciones del mismo, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso y supresión al respecto.

Por otra parte, en la Ley se advierte de que el uso de los sistemas de grabación de sonidos en el lugar de trabajo sólo se admitirá cuando puedan haber riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en la Ley.

Por lo tanto, la regulación de estos derechos relacionados con la intimidad de los trabajadores, parece estar en sintonía con la línea que ha venido desarrollando la jurisprudencia nacional y europea (la famosa doctrina Barbulescu II) sobre el ejercicio de las facultades empresariales de dirección y control de la actividad laboral.  

II.- El Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral

La regulación de este derecho es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico (con la excepción de algunos convenios colectivos que ya lo preveían).

Así, el artículo 88 de la LOPD establece que “los trabajadores (…) tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.”

Las empresas, previa audiencia de los representantes de los trabajadores si los hubiera, deben elaborar para sus trabajadores (directivos incluidos) una política interna que regule las modalidades de ejercicio de este derecho y evite el riesgo de fatiga informática. Esta política debe respetar, en su caso, lo establecido en la negociación colectiva.

Además, debe atender a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciar el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y preservar especialmente el derecho a la desconexión digital en aquellos casos en los que la actividad se realiza fuera del centro de trabajo.

En conclusión, las empresas están obligadas a elaborar, con la participación de los representantes de los trabajadores si los hubiera, los criterios de utilización de los dispositivos digitales, informar a sus empleados sobre la existencia de sistemas de videovigilancia y geolocalización y definir una política de desconexión digital. 

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