Protección de la discrecionalidad empresarial: ¿pueden los administradores resultar responsables por una decisión empresarial equivocada?

AUTOR: Ana Tuya 

FECHA: 15.01.2019

Sabemos que sobre los administradores no pesa ninguna obligación de asegurar el éxito económico y empresarial de las sociedades cuya administración ejercen, sino la de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.

Pero la expresión “diligencia de un ordenado empresario” puede generar incertidumbre sobre lo que debe y no debe hacer un administrador para  evitar que le exijan responsabilidades por su actuación. Pese a que no esté obligado a alcanzar los resultados empresariales previstos,  ¿podrían los socios o, incluso algún acreedor, iniciar una acción de responsabilidad contra él por las consecuencias adversas derivadas de una decisión, equiparando la falta de éxito de la misma con la falta de diligencia?

Para evitar que las decisiones empresariales erróneas conlleven automáticamente una responsabilidad, la Ley de Sociedades de Capital ha incluido un precepto de protección estableciendo que, en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador:

  • haya actuado de buena fe,
  • sin interés personal en el asunto objeto de decisión, 
  • con información suficiente y
  • con arreglo a un proceso de decisión adecuado.

De este modo, no toda decisión equivocada puede dar lugar a responsabilidad de los administradores, sino sólo aquellas que hayan sido adoptadas de forma imprudente o negligente, sin recabar la información precisa, sin perseguir el bien social y sin seguir un procedimiento de decisión conveniente. Es decir, en aquellos casos en que se reclame responsabilidad al administrador social por una decisión estratégica o de negocio, bastará que éste pruebe la concurrencia de los citados  requisitos para que se entienda que actuó con la debida diligencia y que no debe responder de las consecuencias de su decisión, aunque ésta no genere beneficios para la sociedad o, incluso, pueda resultar perjudicial. Todo ello sin perjuicio de la facultad general de los socios de destituir al administrador en cualquier momento.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta protección se circunscribe al ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio sujetas a la discrecionalidad empresarial, no a los supuestos en los que la decisión venga impuesta por la ley o los estatutos, en cuyo caso la conducta del administrador está reglada y no cabe margen a la discrecionalidad.