RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR DEUDAS SOCIALES

AUTOR: Ramón Marés 

FECHA:14.03.2019

El artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) dispone que ha de procederse a la disolución de la sociedad cuando se produzcan pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

Y el artículo 367 LSC regula el régimen de la denominada “responsabilidad de los administradores por deudas sociales”, disponiendo lo siguiente: 

  1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.
  2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

El Tribunal Supremo ha venido interpretado el art. 367 LSC en los últimos años, llegando a las siguientes conclusiones:

A) Presupuestos de hecho para el surgimiento de la responsabilidad

El único requerimiento para que prospere la acción para exigir la responsabilidad de los administradores en virtud del art. 367 LSC es que, habiéndose reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social como consecuencia de pérdidas, éstos hayan incumplido su deber de promover la disolución. Basta acreditar ambos requisitos para que quede configurado el presupuesto de hecho de la responsabilidad por deudas de la sociedad. No se requiere acreditar un daño ni culpa.

B) Alcance

Cumplidos los presupuestos de hecho, los administradores responderán de las deudas originadas durante el tiempo en que fueron administradores y solo respecto de las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución.

Esto significa:

  • Que la responsabilidad finaliza en el momento del cese efectivo en el cargo de administrador;
  • Que la responsabilidad no se extiende a aquellos administradores que hubieren cesado antes de finalizar el plazo previsto legalmente para el cumplimiento de las obligaciones de promover la disolución;
  • Que el cumplimiento fuera de plazo del deber de promover la disolución no exonera de responsabilidad por las deudas sociales anteriores al cumplimiento de tal deber, pero si exime de responsabilidad por las deudas sociales posteriores al cumplimiento.

C) Insolvencia

En el caso de que concurran pérdidas graves e insolvencia, cesa el deber de promover la disolución de la sociedad siempre que se solicite y declare el concurso, si bien se mantiene la responsabilidad de los administradores cuando el incumplimiento de las obligaciones de promover la disolución se hubiere producido antes de la declaración de concurso (aunque el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores quedaría en suspenso hasta la conclusión del concurso (arts. 50.2 y 51.1 bis Ley Concursal).

Si se alcanza un convenio en el concurso, tampoco surge el deber de promover la disolución en caso de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que esta situación no impida atender los pagos acordados en el convenio y las obligaciones posteriores.

Por otro lado, el mero conocimiento de la situación de crisis económica o de insolvencia de la sociedad por parte del acreedor al tiempo de generarse su crédito no le priva de legitimación para ejercitar la acción de responsabilidad prevista en el art. 367 LSC.