ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE EL MARCO REGULATORIO ESPAÑOL RELATIVO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOR: Lucía Otamendi Collados

FECHA: 01.03.2019

El pasado miércoles 20 de febrero, el Presidente del Gobierno de España presentó “el Paquete de Energía y Clima” que fue aprobado en el Consejo de Ministros del 22 de febrero de 2019.

Este Paquete de Energía y Clima aprobado por el Consejo de Ministros se compone de tres elementos: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa.

En este artículo, se va a hacer un primer análisis del contenido del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El anteproyecto LCCTE pretende ser el marco básico regulatorio que ofrezca la estabilidad regulatoria necesaria para llevar a cabo la transformación de nuestro sistema energético. Este anteproyecto establece como objetivo principal facilitar la plena descarbonización de la economía española a 2050, en cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. 

Para alcanzar ese objetivo de plena descarbonización, el anteproyecto LCCTE:

1. Fija unos objetivos muy ambiciosos en lo que respecta a los propósitos de penetración de las energías renovables en el consumo de energía final.
En concreto, establece que para el año 2030, se debe asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía provenga de fuentes renovables. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en el año 2017 en España, este porcentaje de consumo de energía eléctrica de fuentes renovables ascendió al 17,5%. Por lo tanto, el objetivo del 35%  para 2030 que fija el anteproyecto, multiplica por dos la situación actual en España. 

Por otro lado, el porcentaje del 35% se encuentra claramente por encima del acuerdo alcanzado el pasado mes de Junio de 2018 entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, fijado en el 32% para 2030. 

2. Incluye una serie de medidas que sirvan de impulso al desarrollo de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. 

Por un lado, se establece que se convocarán procedimientos de derechos económicos (hasta hoy estos procedimientos han sido las conocidas subastas) para impulsar la construcción de un mínimo de 3.000MW de instalaciones renovables cada año. El anteproyecto establece que este objetivo de capacidad podrá ser revisado reglamentariamente. 

Por otro lado, se faculta al Gobierno para que desarrolle reglamentariamente nuevos marcos retributivos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que deberán tener como base el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva. 

Asimismo, se reconoce que la producción de renovables tendrá prioridad de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución.

3. Establece que en el momento en el que el anteproyecto entre en vigor, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar nuevas actividades de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas territoriales. Tampoco se podrán desarrollar nuevas actividades de fractura hidráulica (fracking).

4. Se establecen límites a la explotación de hidrocarburos y se frenan los beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil salvo determinadas excepciones tales como la efectiva justificación por motivos de interés social, económico o inexistencia de alternativas tecnológicas. 

5. Se regula el fomento de combustibles alternativos como el gas renovable, biometano e hidrógeno y a otros combustibles sintéticos que permitan la inyección de gases renovables en la red de gas natural que deberán cumplir con la normativa europea.

6. Establece como fecha límite el año 2040 para la venta y matriculación de vehículos emisores de CO2. Éste extremo se plantea como una oportunidad para desarrollar la industria española y fijar un marco claro que adopte medidas de apoyo para que las inversiones se produzcan en territorio español y no fuera.

7. Se regulan toda una serie de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, así como unas medidas denominadas de transición justa y los recursos para la lucha contra el cambio climático. Entre otros, se regula la elaboración de los Planes Integrados de Energía y Clima y una Estrategia de Bajas Emisiones y se crea el Comité de Cambio Climático y Transición Energética como órgano consultivo del Gobierno.

Este anteproyecto LCCTE deberá ser sometido al trámite de participación pública general y deberá recabar el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y someterse a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, para elevarse de nuevo al Consejo de Ministros.

En posteriores artículos se analizarán el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa.