Algunas notas sobre la impugnación en la Jurisdicción Social de una resolución administrativa por silencio negativo con resolución expresa tardía posterior a la interposición de la demanda.

AUTOR: Juan Bautista Soravilla

FECHA: 16.07.2019

Es una cuestión compleja el cómo reaccionar procesalmente cuando se ha impugnado judicialmente una resolución administrativa por silencio negativo y, tras la interposición de la demanda, recae resolución expresa.

La cuestión se complica todavía más cuando comprobamos que la Ley Reguladora e la Jurisdicción Social (LRJS) no contiene ninguna relación al respeto.

Sin embargo, para poder resolver el problema debemos acudir a la regulación del procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales.

El artículo 151 LRJS (procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales) establece:

De no existir regulación especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnación de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos públicos se regirá por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta Sección. En lo no expresamente previsto serán de aplicación las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social.”

Así las cosas, debemos comprobar cuál es la regulación al respecto existente en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA):

El artículo 76 LJCA establece que si la resolución expresa reconoce las pretensiones del demandante, procederá el archivo del recurso.

Por su parte el artículo 36 LJCA dice:

1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el artículo 34, el demandante podrá solicitar, dentro del plazo que señala el artículo 46, la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación.

2. De esta petición, que producirá la suspensión del curso del procedimiento, el Secretario judicial dará traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo común de cinco días.

3. Si el órgano jurisdiccional accediere a la ampliación, continuará la suspensión de la tramitación del proceso en tanto no se alcance respecto de aquélla el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial.

4. Será asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo cuando en los recursos contencioso - administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administración dictare durante su tramitación resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida. En tal caso podrá el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliación a la resolución expresa. Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto , el plazo para recurrir la resolución expresa , que será de dos meses , se contará desde el día siguiente al de la notificación de la misma.”

Adicionalmente la cuestión ha sido tratada por la Jurisprudencia en concreto en las SSTS (STS de 15 de junio de 2015 y STS de 4 de febrero de 2016), las conclusiones de dichas sentencias (en sede Contencioso-Administrativa) son:

a) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, satisface íntegramente la pretensión, lo procedente será el desistimiento o la satisfacción extraprocesal de la pretensión ( art. 76 LJCA).

b) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es plenamente denegatoria de la pretensión, el demandante podrá ampliar el recurso contencioso-administrativo, conforme al artículo 36.1 LJCA; pero si no lo hace, no por eso habrá perdido sentido su recurso.

c) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es parcialmente estimatoria de la pretensión, alterando la situación que deriva de la ficción legal de desestimación que anuda el silencio administrativo negativo, entonces sí, el artículo 36.1 LJCA impone, en principio, al demandante la carga de ampliar el recurso. Pero la no asunción de ésta sólo comporta la total pérdida sobrevenida de objeto cuando, a la vista del contenido de dicha resolución tardía, la pretensión formulada carece de toda su virtualidad. En otro caso, lo que se produce es la necesaria modificación de la pretensión formulada para adecuarla al contenido del acto administrativo que sustituye a la ficción legal en que consiste el silencio administrativo, entendiendo que no alcanza ni a lo que se obtiene por dicho acto ni a los aspectos de éste que no podían ser incluidos en la desestimación presunta recurrida y que, por tanto, son ajenos al proceso iniciado.”

Esta es una solución acorde al artículo 151 LRJS y, por tanto, trasladable, a falta de normativa expresa, a la Jurisdicción Social.

En resumen:

a) Si la resolución expresa confirma el petitum de la demanda, cabrá archivar el procedimiento;

b) Si la resolución expresa confirma el silencio negativo y no introduce ningún elemento novedoso que requiera de la ampliación de la demanda, cabrá ampliar sin que el hecho de no hacerlo conlleve el archivo del recurso por falta de objeto;

c) Cuando la resolución expresa introduzca nuevos elementos no tenidos en cuenta en la demanda, será necesaria ampliar la demanda inicial.