La futura Ley de Secretos Empresariales

Autor: Beatrice Ciccione

Fecha: 17.07.2018

El pasado 25 de mayo ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, norma mediante la cual se traspone a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de secretos comerciales..

La finalidad de esta Ley es la de crear un marco jurídico europeo armonizado y, además, suplir las carencias legislativas presentes frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de información empresarial, propiciada, fundamentalmente, por el auge de las nuevas tecnologías y la facilidad de difusión existente. 

Es indudable el valor patrimonial de los recursos basados en conocimientos técnicos que detenta una empresa y, así como existe una protección legal para invenciones, diseños industriales o derechos de autor, la llamada propiedad industrial e intelectual, es también indispensable un marco legal dedicado a otros bienes intangibles que surgen de la generación de conocimientos técnicos dentro de la empresa. 

Como se ha adelantado, reside la importancia de esta nueva norma en la necesidad actual de disponer de una definición concreta de lo que se entiende por secreto empresarial, así como de las conductas constitutivas de violación. Se incluye, entonces, una definición clara de secreto comercial: información que no es conocida de forma generalizada en el mismo sector de mercado, cuyo valor reside en el hecho de ser confidencial y, finalmente, con la necesaria existencia de medidas encaminadas a evitar su divulgación.

Una parte fundamental de la Ley se centra en regular una serie de aspectos procesales relativos a las violaciones de secretos empresariales: se incluyen reglas encaminadas a preservar la confidencialidad del secreto a lo largo de los posibles procedimientos judiciales que se comiencen, una serie de acciones a disposición del titular para que pueda ejercitar sus derechos de forma efectiva y, finalmente, determinados elementos específicos relativos a las medidas cautelares en caso de una supuesta infracción. 

Por un lado, se exige que la ley nacional imponga a todas las partes intervinientes en el procedimiento, incluidos abogados, testigos y peritos, una obligación de confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso como consecuencia de las acciones judiciales en curso; deber de secreto que deberá mantenerse hasta el fallo del Tribunal y siempre que este dictamine que no ha existido un verdadero secreto empresarial vulnerado.

Del mismo modo, se regula que los Tribunales puedan controlar y restringir el número de personas que accedan a la información confidencial a lo largo del litigio o que se limite el numero de personas a las que se les notifiquen documentos contenientes información confidencial.

En cuanto a la regulación de las acciones por infracción, se establece que estarán legitimados activamente para defender los derechos referentes a los secretos empresariales todo titular del secreto o quien posea una licencia exclusiva de explotación sobre la misma; siendo los Juzgados de lo Mercantil los competentes en estos casos. Se ponen, así, a disposición del demandante una serie de acciones tales como la declaración de violación de secreto, la cesación o prohibición de actos y, el elemento más novedoso, la referencia a mercancías infractoras, entendidas como aquellos productos que con su comercialización constituyen que en sí mismos una infracción de secretos empresariales. 

En definitiva, además de regular una serie de aspectos relativos al know how empresarial y su protección, esta norma también fomentará la inversión en desarrollo e investigación dentro de las empresas, ahora que cuentan con un marco jurídico claro.