A vueltas con las cámaras de videovigilancia como medio de control disciplinario en el puesto de trabajo

Autor: Luis de Rojas Dierssen

Sentencia de 9 de enero de 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso López Ribalda y otros)

La instalación de cámaras en los centros de trabajo con fines disciplinarios y el posterior uso de las imágenes captadas por dichas cámaras para justificar un despido ha traído de cabeza al sector jurídico desde su utilización, siendo el protagonista principal en este asunto los derechos fundamentales a la protección de datos y a la intimidad consagrados respectivamente en el apartado cuarto y primero del artículo 18 de la Constitución Española.

No fue hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional (“STC”) de 30 de noviembre del 2000 que se configuró el Derecho a la protección de datos como un derecho autónomo y en sentido propio, habiendo sido el escudo de los trabajadores despedidos hasta entonces, el derecho a la intimidad.

Desde entonces, la polémica ha estado servida respecto a los requisitos que debe cumplir el empresario a la hora de despedir a un trabajador utilizando como medio de prueba las imágenes captadas por una cámara de seguridad. Inicialmente, la STC de 11/02/2013, imponía al empresario el deber de informar a los trabajadores sobre la instalación de las cámaras de seguridad y la finalidad con la que se instalaban las mismas, a los efectos que nos interesan, su uso con fines disciplinarios. Posteriormente, en su sentencia de 03/03/2016, aclaró su doctrina, indicando que, en determinados casos, la colocación del distintivo indicado en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos era suficiente para entender cumplido el requisito de información al trabajador, siempre y cuando se cumpliera el triple juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto).

Pues bien, recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de 9 de enero de 2018, ha condenado al Estado Español a abonar a las trabajadoras despedidas 4 indemnizaciones de 4.586 euros y una de 4.500 euros por entender vulnerado el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.

Esta Sentencia resulta interesante, pues trata un caso muy similar al de la Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2016 puesto que en ambos casos (i) el empresario informo de forma poco exhaustiva de la instalación de sistemas de videovigilancia; (ii) el empresario instaló las cámaras pues tenía sospechas fundadas de que se habían dado robos en las cajas del centro de trabajo; (iii) las cámaras enfocaban directamente a la caja. En nuestro caso, la compañía dio a sus trabajadores previo aviso de la instalación de las cámaras visibles, pero no de las ocultas.

En este sentido, el TEDH concluyó que la videovigilancia llevada a cabo por el empresario era oportuna, no obstante, dado que la misma tuvo lugar durante un período prolongado, no cumplió con los requisitos estipulados en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales y, en particular, con la obligación información previa y explícita a los Trabajadores vulneró su esfera privada y, concretamente, el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.

Consecuentemente, el TEDH condena al Estado español, por entender que éste tiene la obligación en virtud del Convención de tomar medidas para garantizar el respeto de la vida privada, a pagar en tres meses desde la firmeza de la Sentencia 4.000 euros por daños morales a cada trabajador, así como las costas del proceso.

Debemos mencionar que el TEDH hace referencia al caso Köpke en el que la medida de vigilancia fue limitada en el tiempo (se llevó a cabo durante dos semanas) y solo dos empleados fueron objeto ésta; lo que nos podría hacer pensar que, si en el caso objeto del presente análisis la videovigilancia se hubiera limitado en el tiempo y en el número de trabajadores objeto de control, podría revertir licitud.

Sin duda, esta Sentencia tendrá impacto en las decisiones judiciales de los juzgados y tribunales españoles, por ello es recomendable que el empresario que proceda a la instalación de cámaras de seguridad con fines sancionadores informe pertinentemente a los trabajadores, no solo de su instalación, sino del objetivo de las mismas indicando, por ejemplo, que las imágenes captadas por las cámaras podrán ser utilizadas con fines disciplinarios.