Cambio sustancial en el régimen de remuneración de los administradores: Sentencia del Tribunal Supremo 98/2018 de 26 de febrero

Autor: Ana Tuya

El  primer pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la polémica cuestión de la retribución de los administradores tras la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, choca frontalmente con la doctrina establecida por la Dirección General de Registros y del Notariado y tiene una gran importancia por el impacto que supone sobre los acuerdos y estatutos de una gran cantidad de sociedades, que han venido regulando esta materia conforme a esta doctrina.

La Dirección General de los Registros y del Notariado y un relevante sector de la doctrina venían interpretando que la nueva regulación de la retribución de los administradores contenida en la Ley de Sociedades de Capital establecía dos sistemas retributivos distintos:

 

  • La retribución de los administradores “en su condición de tales”, regulada en el artículo 217 de la Ley y, por tanto,  cuyo sistema debe figurar en los estatutos y ser aprobado por la Junta General y
  • La retribución de los consejeros delegados o a los que se les atribuya funciones ejecutivas regulada en el artículo 249 de la Ley por lo que bastaría que se regulara en un contrato suscrito con la Sociedad y aprobado por el consejo de administración, sin necesidad de que figurara en los estatutos.

 

El Tribunal Supremo, por el contrario, concluye que la Ley no establece sistemas alternativos, sino acumulativos, de manera que la necesidad de que el sistema de retribución figure en los estatutos, sea aprobada por la Junta General y demás límites previstos en la Ley son aplicables a todos los administradores, incluidos los consejeros delegados o ejecutivos, que, además, estarán sujetos a  las especialidades contenidas en el artículo 249 del TRLSC, es decir, deberán firmar un contrato con la Sociedad aprobado por el consejo de administración. 

Muchas sociedades  han seguido el criterio de la Dirección General de Registros y del Notariado al articular la retribución de sus consejeros delegados, por lo que, a la vista de esta sentencia, aunque de momento es única, deberán analizar su situación y determinar las acciones a adoptar.