El deber de la citación judicial en el domicilio de la empresa demandada

AUTOR: Patricia Ayala

FECHA: 04/06/2019

El Ministerio de Justicia refuerza el deber de garantizar la tutela judicial efectiva sin indefensión estableciendo la obligación de remitir las comunicaciones al domicilio de la demandada, en lugar de emplear la comunicación telemática.

El pasado 29 de mayo, el Ministerio de Justicia trasladó a los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo el deber de citar a las empresas y personas jurídicas demandadas en su domicilio en lugar de por las vías telemáticas proporcionadas por las empresas al Ministerio de Hacienda.


Con esta decisión el Ministerio de Justicia se alinea con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en cuanto a la tutela judicial efectiva, doctrina sobre la que versa la reciente Sentencia del Constitucional 47/2019, dictada el 8 de abril de este año.


En concreto, esta resolución admite un recurso de amparo planteado por una empresa que, tras haber sido notificada de un acto de conciliación y posterior juicio por canales telemáticos, no llegó a advertir dicha citación, no pudiendo personarse y siendo la demanda de uno de sus trabajadores admitida.


El Tribunal Constitucional, haciendo uso de su reiterada doctrina en relación a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución establece la vinculación entre los actos procesales y el deber de evitar la indefensión de las partes.


Así, se refuerza la idea de garantizar la eficacia de las comunicaciones, no solo como vía de acceso a la jurisdicción, sino también como expresión del derecho al recurso de la parte, lo cual impide que esta se encuentre en la situación de indefensión expresamente prohibida por mandato constitucional.

De este modo, el Ministerio de Justicia da un giro respecto a la comunicación previamente emitida a este respecto, la cual imponía la obligación de comunicación procesal por vía telemática, de manera que cualquier notificación se enviaría por los canales electrónicos facilitados por las empresas, teniendo los administradores un plazo de 3 días para acceder a dicha documentación.

En conclusión, a través de esta comunicación, el Ministerio de Justicia busca garantizar un acceso eficaz para las partes procesales en aquellos supuestos en los que la notificación se emita para una persona jurídica, de manera que se asegure la recepción de la misma y la parte disponga de la totalidad de sus derechos en el proceso en cuestión.