Los nuevos derechos digitales en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos

AUTOR: María Bardají 

FECHA: 08.01.2019

La recientemente aprobada nueva LOPD, que adapta en España el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) ha sido aprovechada para introducir en nuestro ordenamiento jurídico una serie de derechos digitales. Un título propio, casi 20 artículos, ha dedicado el legislador español a necesidades surgidas con la transversal integración de las nuevas tecnologías. Se hace necesario hacer dos aclaraciones previas, para no inducir a error al lector: el título de la LOPD dedicado a los derechos digitales no deviene del RGPD, es una particularidad española, de tal manera que, si estos mismos se reconocen por las respectivas legislaciones de otros países de la UE, el contenido y extensión del derecho no tienen por qué coincidir en absoluto.

En segundo lugar, debe decirse que, en su mayoría, se trata de artículos programáticos, esto es: la ley no otorga derechos concretos, con el nivel de detalle necesario para poder exigirlos, sino que son, o bien muy genéricos, o establecen un deber para que terceros concreticen los derechos anunciados en la LOPD (el propio legislador o la negociación colectiva, por ejemplo). Se hace necesario, por tanto, esperar a que la ley haga el rodaje y sobre todo a que exista un desarrollo posterior, ya sea por parte del propio legislador o a través de la negociación colectiva. 

 

 

Acceso Universal, neutro y seguro a internet

La universalidad de internet ya fue puesta de manifiesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la elevó a la categoría de derecho humano. Según el principio de neutralidad de la red, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la red en las mismas condiciones, independientemente de su ubicación, nivel económico, capacidades, etc. 

Por otro lado la neutralidad de la red garantiza que los proveedores de servicios traten los datos de forma equivalente y no se facture de forma distinta a los usuarios en función de los contenidos, web sites que se visitan, aplicaciones o dispositivos que se utilicen o los métodos de comunicación que sean empleados. De conformidad con este principio, los proveedores no pueden bloquear, ralentizar o cargar tarifas extra a ningún contenido. 

Además, se establece el derecho a la seguridad digital, es decir que la red debe garantizar la confidencialidad e integridad de los datos e informaciones que contiene y protegerlos frente a las amenazas externas. 

Es obvio que la red permite a los ciudadanos una nueva forma de comunicación y de interactuación entre ellos, así como una nueva forma de participación en la vida social, lo que la convierte en una herramienta fundamental para garantizar otro tipo de derechos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, a la educación, reunión o asociación. 

Derecho de rectificación, actualización y olvido

El derecho de rectificación permite que los ciudadanos que sufran las consecuencias de publicaciones inexactas o falsas o incluso que lleguen a vulnerar los derechos al honor o a la intimidad personal y familiar en internet requieran la corrección o incluso eliminación de las mismas.

Además, el ciudadano podrá solicitar la actualización de todas aquellas noticias o publicaciones que les conciernan siempre y cuando la información no refleje su situación actual y, por ello, le cause un perjuicio.  

La Ley también recoge el ya conocido derecho al olvido que permitirá que los ciudadanos soliciten la eliminación de enlaces publicados inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos de las listas de resultados de los motores de búsqueda. Así mismo los usuario de redes sociales podrán ejercitar su derecho a la supresión al respecto de los datos que tanto el cómo terceros hubieran publicado en redes sociales. 

Derecho a la educación digital

La incorporación de la tecnología a la educación se ha producido de manera desigual y, en muchos casos, de forma desigual. El enunciado de este derecho por parte de la LOPD pretende impulsar este uso, aunque veremos de qué forma se garantiza el mismo, ya que se requerirá así mismo de la formación del profesorado. 

Derecho a la intimidad y a la desconexión digital

La iniciativa francesa plasmada en su ley laboral del 2017 al respecto del derecho al descanso, a la conciliación de la vida personal y familiar y a la prevención de la salud de los trabajadores inspira la regulación de este derecho en nuestro ordenamiento. 

Mediante el enunciado del derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión digital se pretende regular la forma en que las empresas pueden tratar los datos de los trabajadores obtenidos a través tantos de sistemas de videovigilancia como de sistemas de geolocalización. Se hace poniendo límites al poder de control empresarial del art. 20 del Estatuto de los Trabajadores. Así, las empresas tendrán que establecer los criterios a los que se someterá el uso de los diferentes sistemas, estableciendo de forma lo más precisa posible los usos autorizados, las medidas de protección de la intimidad y cómo y cuándo los dispositivos pueden ser destinados a fines privados.

 

 

Derecho a la protección de los menores en internet

Como sujetos vulnerables, resulta necesario garantizar su especial protección en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales. Se enuncia el papel destacado de los padres, tutores y centros educativos y se hace especial hincapié en el consentimiento del mismo, que podrá otorgarse a partir de los 14 años. 

Derecho a la portabilidad

Este derecho ya está enunciado en el RGPD y la LOPD mediante su especificación en el Título relativo a los derechos digitales únicamente viene a repetir lo que ya se sabía, es decir, que los usuarios tendrán derecho a recibir la información que los prestadores de servicios de la sociedad de la información posean de ellos y que ésta sea transmitida a otros prestadores, cuando esto, claro está, sea técnicamente posible. 

Derecho a la intimidad

La LOPD ha sido pionera en regular la posibilidad de que los herederos y causahabientes ejerciten en nombre de sus familiares fallecidos los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales. Si bien este derecho ya está reconocido en su artículo 3, se desarrolla con más detalle en el artículo 96, en el que se habla ya de testamento digital. En este caso se regula el acceso a los datos que de los fallecidos posean los prestadores de servicios de sociedad de la información.

Para cualquier duda o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.