Titularidad real y cuentas anuales

Autor: Anna Villaronga

La aplicación de una Directiva Europea modifica los modelos de presentación de las cuentas anuales de las sociedades españolas.

Con la entrada en vigor de la orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los modelos para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, se ha hecho patente la importancia de las directivas europeas en nuestro ordenamiento jurídico.

La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales, nos han conducido a un cambio relevante, puesto que, las cuentas anuales relativas al ejercicio 2017 deberán incluir un nuevo formulario en el que se declare el titular real de la sociedad.

Hallamos la razón de esta modificación en el artículo 30.3 de la Directiva mencionada, puesto que indica que los Estados miembro deberán asegurar que la titularidad real de las sociedades constituidas en su territorio se conserve en un registro que, en nuestro país, será el Registro Mercantil de cada una de las provincias del Estado.

Así las cosas, recordemos que se entiende por «titular real» la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la sociedad o entidad, o que a través otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. En caso de no existir persona física que ostente el 25% del capital o derechos de voto, se considerarán titulares reales los administradores de la sociedad.

En este sentido y según lo recogido en la Directiva, esta información no será de acceso libre, sino que presentará algunas limitaciones. Esto significa que, tanto para las administraciones públicas que ejerzan funciones en materia de prevención de blanqueo de capitales como para los sujetos obligados por ley, el acceso a dicha información será de manera completa, pero los demás solicitantes deberán probar su interés legítimo. Dicha solicitud será calificada por el registrador competente en cada caso, que será quien valore el interés del solicitante a fin de dar acceso, o no, a la información relativa a la titularidad real.