AUTORES: Mariona Valls y Ana Lafarga

FECHA: 09.07.2020

El próximo 30 de julio 2020 finaliza el plazo que tiene España, así como el resto de Estados Miembros, para transponer la Directiva (UE) 2018/957 por la cual se modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

Esta disposición comunitaria comportará ciertas novedades respecto la regulación aplicable a aquellos trabajadores que trabajan en España de forma temporal para una empresa establecida en otro país de la UE.

En la actualidad, su situación laboral se contempla en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacionales en vigor desde 1999.

Esta ley, aunque cuenta con más de 20 años de vigencia y fue modificada en por última vez en 2017, ya contempla en gran medida las mejoras introducidas por la Directiva (UE) 2018/957, siendo nuestra ley interna más proteccionista que la anterior Directiva europea que regulaba la materia. Por ello, las novedades que debería incluir dicha transposición quedan reducidas a cuestiones muy concretas.

En este sentido, de todas las modificaciones que contempla la Directiva (UE) 2018/957 con respecto a la anterior Directiva, nuestra normativa actual interna (Ley 45/1999) se vería afectada principalmente por las siguientes cuestiones:

  • Derecho a percibir como mínimo los mismos complementos o los mismos reembolsos en concepto de gastos de viaje, alojamiento y manutención que los aplicables a los trabajadores españoles en caso de ser trasladados temporalmente a otro lugar de trabajo distinto del que prestan habitualmente sus servicios en España.
  • Derecho a ostentar las mismas condiciones de trabajo adicionales que se apliquen obligatoriamente a los trabajadores españoles en caso de que el desplazamiento tenga una duración superior a 12 meses prorrogables a 18 meses bajo notificación motivada por la empresa. A efectos de cálculo de la duración del desplazamiento, se tendrán en cuenta acumulativamente los períodos de desplazamiento de cada uno de los trabajadores desplazados que se sustituyan sucesivamente para un mismo trabajo en base al concepto “mismo trabajo mismo lugar” empleado por la Directiva.
  • Obligación al Estado español de publicar información exacta y actualizada periódicamente sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados a España en un sitio web nacional oficial único. Este sitio web deberá incluir los elementos constitutivos de la remuneración que sean obligatorios, así como el conjunto adicional de condiciones de trabajo aplicables a los desplazamientos de una duración superior a 12 o, en su caso, 18 meses.

A día de hoy, quizás por la interrupción que ha supuesto la declaración del estado de alarma en nuestro país durante más de 3 meses, aún no hay noticias relacionas con la transposición de dicha Directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Y ello, a pesar de que la propia Directiva anuncia que dichas modificaciones serán aplicables a partir del 30 de julio 2020 quedando desde entonces derogada la redacción anterior de la Directiva 96/71/CE.

En cualquier caso, en base al principio de efecto directo consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los trabajadores desplazados a España podrían invocar la aplicabilidad directa de la Directiva ante los tribunales españoles independientemente de que el Estado español acabáse incumpliendo el mandato de transposición.