"Best practices" en procedimientos arbitrales

AUTOR: Jochen Beckmann

FECHA: 17.12.2019

LG Múnich: Vulneración del derecho a ser oído derivada de una valoración incorrecta, por parte del árbitro, de las alegaciones de hecho y de derecho hechas por las partes.

Durante la ejecución de laudos arbitrales, puede ocurrir que la parte que se opone a la ejecución, a fin de evitarla en el último momento, se queje ante el tribunal ejecutivo de la vulneración del derecho a ser oído en el procedimiento de arbitraje nacional.

Los criterios que deben cumplirse desde el punto de vista de un tribunal alemán pueden deducirse de un auto (parcial) de la Corte Superior de München del año 2018 (OLG München, Teilbeschluss vom 29.01.2018 - 34 Sch 31/15 / ECLI:DE:OLGMUEN:2018:0129.34SCH31.15.0A).

El tribunal de Munich tuvo que decidir sobre la ejecución de un laudo arbitral alemán basándose en los siguientes hechos (simplificados):

Las partes del procedimiento arbitral, dos empresas españolas (comitente y constructora) activas en el sector de las energías renovables, celebraron un contrato EPC para la fabricación y puesta en marcha de una planta fotovoltaica en España. Debido a supuestos defectos en el cableado de la planta, el comitente interpuso una demanda, ante un tribunal arbitral alemán, contra la constructora por daños y perjuicios por el importe de los supuestos costes de subsanación de los defectos.

La demandante alegó que el cableado de la planta era defectuoso porque, entre otras cosas, infringía los reglamentos técnicos locales obligatorios. En cuanto a los costes de reparación del defecto, la cuantía del daño sólo fue acreditada por la demandante en base a un presupuesto de gastos.

La demandada denegó la existencia de defectos argumentando, entre otras cosas, que las normas locales citadas no se aplicaban a la instalación y que no se había demostrado suficientemente la necesidad ni la suma de los costes de reparación basándose en un simple presupuesto de gastos.

El tribunal valoró lo que alegaba la parte demandante basándose en la inspección judicial, testimonios y peritaje técnico, pero no se obtuvo un dictamen jurídico sobre la aplicabilidad de los reglamentos técnicos locales.

A continuación se dictó un laudo arbitral, en el que se condenó a la demandada al pago de la mayor parte de la indemnización por daños y perjuicios reclamada. El tribunal arbitral basó su decisión en el hecho de que el presupuesto de gastos por la demandante era suficiente para decidir sobre el asunto. Consideró que los defectos y la necesidad de la reparación resultaron acreditados debido a la indudable aplicabilidad de las normas técnicas locales a la planta fotovoltaica.

Aunque durante el proceso, el tribunal arbitral, consideró cuestionable la aplicabilidad de estas normas y, por lo tanto, ordenó que se remitiera esta cuestión a un experto jurídico, al dictar el laudo, el tribunal se limitó a declarar que no había dudas en cuanto a la aplicabilidad de las normas locales.

La comitente (la demandante en el procedimiento arbitral) solicitó posteriormente la ejecución del laudo arbitral en Alemania. La constructora (la demandada en el arbitraje), por el contrario, solicitó que se anulara el laudo. La última alegó, entre otras cosas, la vulneración del derecho a ser oído como derecho fundamental a un juicio imparcial.

La constructora argumentó que sus alegaciones en el procedimiento arbitral no se habían tenido suficientemente en cuenta. A pesar de ser cuestionado expresamente por la constructora, el tribunal arbitral aceptó la necesidad de subsanar los defectos sin comprobación de los hechos. Tampoco consideró las objeciones detalladas con respecto a la aplicabilidad de las regulaciones locales. En cuanto a la estimación de los costes y a la necesidad de la reparación, no se encargó un dictamen pericial al respecto pese a que, por ambas partes, se hicieron alegaciones contradictorias y relevantes. Tampoco se obtuvo el dictamen jurídico relativo a la legislación aplicable.

El tribunal de ejecución rechazó finalmente la solicitud de ejecución y anuló el laudo arbitral, entre otros motivos, por vulneración del derecho a ser oído.

El Tribunal de Ejecución justificó la anulación del laudo de la siguiente manera:

El contenido del derecho a ser oído abarca las declaraciones procesales de hecho y de derecho hechas por las partes y el tribunal arbitral deberá tomar nota de dichas declaraciones y evaluarlas. Todas las solicitudes de pruebas pertinentes para la decisión, siempre que estén suficientemente justificadas, no podrán ignorarse, sino que deberán considerarse en la fundamentación del laudo arbitral.

Sin embargo, el tribunal arbitral no está obligado a tratar expresamente cada una de las declaraciones de una parte en la motivación de su laudo; basta con que el tribunal proporcione en su motivación un breve resumen de las consideraciones en que se fundamenta el laudo, dejando aparte las alegaciones irrelevantes para su fundamentación jurídica.

Se infringe el párrafo 1 del artículo 103 de la Ley Fundamental alemana (similar en su contenido al art. 24.1 CE) si en un caso particular se desprende claramente que las alegaciones de una parte no se tomaron en cuenta en absoluto, y, por lo tanto, no se sopesó suficientemente en la decisión.

En el caso concreto, el tribunal arbitral hizo caso omiso de la alegación de hecho sobre la necesidad de las medidas para subsanar los defectos y de los gastos de reparación correspondientes, y no lo tuvo en cuenta en la decisión. Debido a la impugnación fundamentada de la constructora, el tribunal debería haber encargado un dictamen pericial como prueba procesal pertinente.

En su lugar, el tribunal arbitral asumió estos hechos simplemente utilizando fórmulas vacías como la observación de que no había razón para dudar de la validez de los reglamentos técnicos y de la estimación de los costes.

Lecciones aprendidas:

La calidad de un laudo arbitral y, por lo tanto, su ejecutabilidad, depende fundamentalmente de si el tribunal Arbitral ha evaluado y sopesado plena y suficientemente todos los hechos y consideraciones jurídicas de las partes que sean pertinentes para la decisión del laudo arbitral.

Por otro lado, el tribunal arbitral sólo debe evaluar las alegaciones pertinentes para el caso concreto. Asimismo, las consideraciones procesales de una parte que no tengan relación con su petición serán consideradas irrelevantes y, por lo tanto, deberán omitirse.