El despido en tiempos del COVID-19

AUTOR: Carlota Aguirre de Cárcer

FECHA: 26.05.2020

La situación actual que atraviesa el país está afectando a muchas empresas y, por ende,  a sus trabajadores. Esta situación ha conllevado (entre otros) a que varias empresas se hayan tenido que plantear  despedir a sus trabajadores.

No obstante, la “supuesta prohibición de despidos” ha generado cierta confusión sobre la posibilidad o no de despedir y, en su caso, sobre los efectos de los eventuales despidos que pudieran llevar a cabo las empresas durante este tiempo, lo que ha “frenado en seco” las decisiones empresariales en este sentido.

Y, es que, el pasado 28 de marzo de 220, se publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 9/2020 (de 27 de marzo), por el que se adoptaban medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19.

Entre las medidas acordadas, se reguló la supuesta “prohibición” de despedir, con una formulación poco clara y confusa, que generaba mucha incertidumbre sobre la posibilidad de despedir y sobre los efectos de dichos despidos

Pues bien, esta  “prohibición de despedir”  hace referencia a los despidos por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (siempre y cuando estuvieran relacionadas con el COVID 19), quedando regulado que, por las causas antes mencionadas “no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.

Lo anterior denota claramente que no se ha prohibido la posibilidad de realizar despidos como tal, sino que este Real Decreto alude a la imposibilidad de realizar ciertos tipos de despidos, siempre que estuvieran relacionados con el COVID-19 o la crisis sanitaria actual.

Por lo tanto, no se trata de una prohibición total de despido, pues la normativa se ha limitado a prohibir única y exclusivamente los despidos, cuando éstos tuvieran como causa motivadora directa alguna de las circunstancias relacionadas con el COVID 19.

Lo más relevante de esta prohibición de despedir (limitada, como se ha mencionado con anterioridad, a ciertos tipos de despidos), son  los efectos que un despido de este tipo podría conllevar. Es decir, habría que analizar si un despido “prohibido” tiene como efectos la nulidad del mismo o si, por el contrario, daría pie a la improcedencia del mismo.

Al tratarse de una normativa reciente, que ha entrado en vigor en un momento en el que las actividades judiciales se encuentran paralizadas o suspendidas y, por ende, no hay pronunciamientos judiciales que asienten doctrina en este sentido, no hay una clara tendencia jurisprudencial para poder valorar las consecuencias de estos despidos “prohibidos”.

Podría entenderse, de un lado, que estos despidos tendrían que ser calificados como nulos (dejando, por lo tanto, el despido sin efectos e imponiendo a las empresas la automática readmisión del trabajador a su puesto de trabajo), ya que se basan en una causa ilícita, ya que esta nueva norma imposibilita automáticamente que estos despidos puedan tener validez y eficacia.

Por otro lado, cabría la opción de pensar que estos despidos deberían ser judicialmente calificados como despidos improcedentes (teniendo la empresa que optar por la readmisión del empleado o por el abono de la indemnización legalmente prevista), ya que, a la fecha actual y sin perjuicio de la excepcionalidad de la situación, nuestros Tribunales han asentado doctrina en este sentido, entendiendo que ante la falta de una causa legal para el despido, la calificación del despido ha de ser la improcedencia, salvo que esa misma causa real se califique como nula en una norma (lo que, parece no ser el caso, y sin perjuicio de que la excepcionalidad ante la que nos encontramos pueda provocar un cambio doctrinal). Por ello y por la falta de mención expresa en este Real Decreto a la calificación jurídica de estos despidos, cabría pensar que nos encontramos ante una situación que daría pie a la improcedencia de los “despidos prohibidos”, pero no a la nulidad de los mismos (aunque, esto último, no pueda descartarse como tal).

Por último es necesario señalar que el Real Decreto ya mencionado se refiere única y exclusivamente a los despidos antes mencionados, por lo que la “prohibición de despedir” no afecta a los despidos disciplinarios (sin perjuicio de que pudieran ser calificados como improcedentes por falta de acreditación de los hechos o por falta de veracidad en los mismos).