El Tribunal Constitucional limita el uso del correo electrónico en los procedimientos judiciales

AUTOR: Rafael San Bruno

FECHA: 21.01.2020

La utilización del expediente digital y de los medios telemáticos en la Administración de Justicia, es una de las grandes aspiraciones de todos los agentes intervinientes en el sistema judicial, por el dinamismo y facilidad que permiten los avances tecnológicos.

En el resto de administraciones públicas se encuentran plenamente instauradas las notificaciones telemáticas de los actos administrativos, tal y como vemos con la Agencia Tributaria, o con la Seguridad Social, o con un sinfín de administraciones que las vienen utilizando a diario, lo cual no es fruto más que lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que obliga a estas a garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos. Y a tales fines se encuentra instaurado un sistema de al sistema de notificaciones electrónicas de la Administración.

En la misma línea viene legislando la Unión Europea, que, a modo de ejemplo, ha publicado muy recientemente la Directiva 2019/2161, de 18 de diciembre de 2019, de mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión, que tiene como medida más llamativa la prohibición del uso de fax entre empresa y consumidor, planteando incluso multas efectivas de hasta un 4% de la facturación anual de la empresa.

En la Administración de Justicia, la utilización obligatoria del sistema lexnet, así como programas análogos en otras Comunidades Autónomas, supuso en mi opinión, y en líneas generales, un gran avance en el dinamismo del proceso judicial, al permitir a los intervinientes enviar los archivos de forma digital con el consiguiente ahorro de tiempo, y también de papel en aras de una mejor sostenibilidad, que ello supuso.

Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria a todos los órdenes jurisdiccionales, obliga en su artículo 273.1 a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia a los operadores jurídicos, incluyendo a las empresas. Y su artículo 152.3 permite remitir lo que haya de comunicarse mediante correo electrónico, además de otros medios que permitan dejar en el expediente constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora del contenido de lo comunicado.

El problema ha surgido en los casos en los que el Tribunal tiene que realizar la primera notificación a la parte frente a la que se dirige un proceso judicial; imaginemos, una empresa demandada que está adscrita a ese sistema de notificaciones de la administración, y que debe ser citada para intervenir en el proceso, contestar a una demanda, o acudir a un juicio para defenderse.

La posibilidad de realizarse de forma telemática, parecía darla, aunque no de forma clara, el apartado segundo del artículo 155 LEC, con el que se obligaba al demandante a aportar cuantos datos conozca de la persona del demandado, incluyendo la dirección de correo electrónico, e indicando que este se utilizará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Por si fuera poco, el apartado cuarto del artículo 155 LEC establece que la notificación surtirá efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario.

Y ello, con la consecuencia prevista en el artículo 162.3 LEC, que es que si la empresa dejara pasar tres días sin acceder a su contenido, se entiende que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos. Es decir que si la empresa había recibido una demanda en su buzón de correo electrónico, y no consta su devolución, muchos Tribunales entendía que la comunicación había sido válida.

Lo anterior abrió la veda durante estos últimos años, al ser además una forma de notificar mucho menos costosa –material y personalmente- para los Juzgados, de forma que hemos venido viendo con relativa frecuencia como los clientes nos avisaban de la existencia de un acto judicial recibido de forma telemática, que obligaba a activar su defensa inmediatamente, aunque sin mayor otro problema, sino todo lo contrario, puesto que el documento viene ya digitalizado y no se hace necesario incorporarlo a nuestro expediente digital.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dictado en el año 2019 tres sentencias de notoria importancia, que niegan cualquier efecto a la utilización del correo electrónico en la primera notificación, y obligan a que la misma se remita físicamente al demandado.

Así, en su sentencias nº 47/2019 (suspensión de empleo y sueldo en el orden social), 102/2019 (demanda laboral de despido en el orden social) y nº122/2019 (procedimiento monitorio en el orden civil), el Tribunal Constitucional ha estimado los recursos de amparo interpuestos por distintas empresas, declarando que existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, anulando las citaciones realizadas y ordenando que se envíen las notificaciones al domicilio de las empresas demandadas.

El Tribuna destaca la especial trascendencia del primer acto de comunicación, pues es el instrumento necesario que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al causar indefensión.

Por tanto, desde esta dimensión, los Tribunales vienen obligados a la remisión de la comunicación al domicilio. Y así se decretó igualmente por el Ministerio de Justicia, que el 28 de mayo de 2019 comunicó a todos los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo su obligación de notificar la citación o primer emplazamiento a las sociedades y demás personas jurídicas demandadas de forma presencial en su domicilio, y no de manera telemática a través de la dirección electrónica habilitada facilitada por el Ministerio de Hacienda.

Es por ello que, y a salvo de una nueva reforma legislativa, las notificaciones al día de la fecha ya no se están realizando de forma telemática, lo cual influye de nuevo, y negativamente, en la agilidad y tiempos de los procesos judiciales, siendo este uno de los aspectos que más merma la imagen que la sociedad tiene de la Justicia, pues existen sentencias justas, que por lentas, pierden el sentido esperado por el justiciable.

En mi opinión, es encomiable que el Tribunal Constitucional vele por el derecho de defensa del justiciable, pues sobre todo está en tela de juicio el derecho a no verse sorprendido por una decisión desconocida, lo cual como hemos visto es objeto de protección constitucional. Pero también es cierto que en otras administraciones como la Agencia Tributaria, que tanta envidia –sana y económica- causa a la Administración de Justicia, no ha existido tal reproche, y las notificaciones telemáticas son perfectamente válidas. Y así prácticamente en el resto de las administraciones públicas.

Por tanto, más que negar con carácter general las notificaciones telemáticas, lo cual implica negar el dinamismo y beneficios –para toda la sociedad- que ofrece la tecnología en la Administración de Justicia, entiendo que la solución –sin duda normativa- pasaría por articular modelos de actuación del personal de la administración, o incluso de instaurar modelos normalizados, como por ejemplo las confirmaciones obligatorias de entrega y  de lectura, los certificados telemáticos de entrega, la repetición en varios días de la notificación, la ampliación del plazo en que la misma puede ser descargada, etc.; modelos que en definitiva permitirían asegurar la correcta notificación por la parte destinataria.