El Tribunal Supremo declara la nulidad de un informe de detectives por considerarlo coactivo y vulnerador de la dignidad del trabajador

AUTOR: Juan Bautista Soravilla

FECHA: 25.06.2020

El Tribunal Supremo considera como ilícito el informe de una detective contratada por la empresa, por considerar que ésta había forzado una consulta simulada a fin de probar que el empleado ejercía la abogacía por cuenta propia en horas de trabajo. Dicha conducta constituye una acción coactiva sobre la voluntad del trabajador, así como la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables, que vulneró el derecho a la dignidad del trabajador.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 155/2020 de 19 febrero, es de gran relevancia dado describe los límites probatorios del informe de detective privado.

En concreto entra a analizar dos cuestiones:

  1. ¿El informe de detective es una prueba documental o, por el contrario, se trata de una prueba testifical?
  2. ¿la incitación a un trabajador a la comisión de una infracción laboral por parte de un detective contratado por su empleador es una prueba legal?

 

La primera cuestión es de gran relevancia en cuanto que la prueba documental es apta para que el Tribunal Superior de Justicia revise y, en su caso, modifique los hechos declarados probados por el juzgado de instancia.
Sin embargo y en términos generales, la valoración de las pruebas testificales es monopolio del juzgado de instancia por lo que dicha valoración no puede revisarse o modificarse en segunda instancia.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de febrero, reitera el criterio que ha venido siguiendo hasta ahora y por el que ha manteniendo que la naturaleza jurídica de los informes de detectives, aunque se presenten por escrito, corresponde propiamente a una prueba testifical, que carece de utilidad para la modificación de los hechos probados en suplicación, remitiéndose así a su sentencia de 24 de febrero de 1992.

En cuanto a la segunda cuestión, el Tribunal Supremo establece que hay que valorar dicha prueba a la luz de los artículos 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el artículo 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la ilicitud de la prueba, así como la exigencia de la Buena Fe Procesal establecida en el artículo 75.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En el caso concreto, la anterior normativa debe aplicarse al supuesto en que el empleador contrata los servicios de un detective privado a fin de demostrar que un empleado ejercía la abogacía por cuenta propia durante la jornada laboral.

Para ello, el investigador privado solicita los servicios jurídicos del empleado, rechazando reunirse con el empleado fuera de las horas de trabajo. El investigador debió insistir varias veces hasta que el empleado accedió a reunirse con él durante su jornada laboral por cuenta ajena.

El Tribunal Supremo considera que dicha prueba fue ilícita por considerar que “la promoción de una consulta simulada, instrumentada por una detective privada contratada por la empresa, para probar que el demandante ejercía la abogacía por cuenta propia en horas de trabajo, forzada una y otra vez por la detective, quien rechazó ver al demandante fuera de sus horas de trabajo, supuso una clara acción coactiva sobre la voluntad del trabajador, así como la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables, que vulneró el derecho a la dignidad del trabajador (…) así como a su libre y espontánea determinación.”

El Tribunal sostiene que dicha prueba vulnero los siguientes preceptos:

  • El artículo 10 de la Constitución Española que la dignidad de la persona.
  • El artículo 11 Ley Orgánica de Poder Judicial en relación con el artículo 90 de la Ley Reguladora Jurisdicción Social, establece que las pruebas son ilegales cuando sean obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales y libertades públicas.
  • La Teoría del "fruto del árbol emponzoñado", en cuya virtud al juez no sólo no puede valorar las pruebas obtenidas con violación de un derecho fundamental, sino también las que deriven de aquéllas. Dicha teoría ha sido incorporada al ordenamiento español a través de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.