En Tiempos del Coronavirus: ¿Orden Ministerial que autoriza la okupación?

AUTOR: Ana Sacristan Salvador

FECHA:15.04.2020

El pasado 11 de abril fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden Ministerial TMA/336/2020, de 9 de abril, que modifica el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 regulado por el Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, para introducir ayudas a soluciones habitacionales rápidas para determinados colectivos vulnerables, así como para fomentar el incremento del parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o a la cesión de uso.

La publicación de esta orden y, en particular, el apartado 3 de su artículo 4, ha generado una importante alarma social, ya que parece autorizar la okupación temporal de viviendas de propiedad privada para alojar a colectivos vulnerables. Para ser exactos, el citado apartado 3 del artículo 4 sustituye lo establecido en el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 para las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, por un nuevo Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, indicando lo siguiente:

“3. Solución habitacional.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes.

Sin querer entrar a analizar la idoneidad del uso de una orden administrativa para modificar un Real Decreto ni tampoco evaluar una redacción que resulta un tanto deficiente, hemos de señalar que, en nuestra opinión, lo que ha querido indicar esta disposición es que ante la falta de una vivienda de titularidad pública o cedida por su titular a una administración pública, podrá acudirse a viviendas de titularidad privada que podrán ser utilizadas en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Es decir, en ningún caso esta norma parece avalar la okupación entendida como la ocupación de un inmueble  ajeno sin la autorización debida y contra la voluntad de su titular. Muy al contrario, entendemos que la previsión del artículo 4º.3 de la citada Orden, se remite a “los regímenes admitidos en Derecho” indicados en el apartado anterior, refiriéndose a los contratos o actos jurídicos que, al menos en principio, habrán de ser negociados entre las partes.

En un segundo orden debe analizarse si entre estos regímenes admitidos en Derecho de los que hablamos, podría entenderse incluida la posibilidad de expropiación de aquellas viviendas de titularidad privada que se encontraran vacías o sin uso en el momento de la necesidad de solución habitacional. En este sentido tendremos que tener en cuenta que el propio artículo 33 de la Constitución establece en su apartado segundo “la función social” del derecho de la propiedad privada como delimitación de su contenido pero, al mismo tiempo, en su apartado tercero indica que “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

Es evidente que en un Estado de Derecho como es España, la figura de la expropiación está densamente regulada por esta disposición constitucional, así como por la vigente Ley de Expropiación Forzosa y por la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que hemos de señalar que la previsión del artículo 4º.3 de la citada Orden de 9 de abril de 2020 no puede ser realizada sin la tramitación del correspondiente expediente de expropiación forzosa, con todas las garantías legales para el expropiado y en el que la citada Orden ocupará la posición jurídica de la declaración de utilidad pública o interés social, pero en el que la Comunidad Autónoma correspondiente deberá acreditar y tramitar la necesidad de ocupación del  inmueble concreto y seguir los trámites correspondientes. Es evidente que el propietario expropiado recibirá el justiprecio que sea fijado en el citado procedimiento con todas las garantías que el Estado de Derecho le otorga, así como manteniendo todas las acciones legales frente a una ocupación ilegal y por supuesto, pudiendo acudir a la acción de responsabilidad patrimonial frente a la administración expropiante respecto a todos los perjuicios provocados por un procedimiento incorrecto de la misma.  

Como conclusión quisiera transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en nuestro Estado de Derecho en tiempos un tanto convulsos, no obstante insistir en que debemos mantener la vigilancia del respeto a nuestros derechos, garantizados y protegidos por esas mismas normas e instituciones reguladoras de ese, nuestro Estado de Derecho.