Falsos autónomos: cuando lo aparentemente barato puede salir muy caro

AUTOR: Carlota Aguirre de Cárcer Luitjens

FECHA: 10.03.2020

Durante la crisis económica, la figura del falso autónomo ha estado a la orden del día.  La situación que atravesaban muchas empresas “obligó” a que éstas se transformasen por completo y, por consiguiente, también lo hiciesen con sus empleados, pasando éstos de ser asalariados a ser autónomos. 

Si bien lo anterior suponía un cambio perfectamente válido, (pues la figura del autónomo existe,  está regulada y reconocida), varias empresas contaban con autónomos para que éstos realizasen labores de empleado, pero sin cotizar a la Seguridad Social por ello, lo que es una práctica fraudulenta.

A grandes rasgos cabe destacar que las diferencias principales entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena, son: que el autónomo tiene la facultad de rechazar encargos, negocia con los clientes la retribución por cada uno de ellos, trabaja en su casa o en el lugar que él quiera, fija su horario como mejor le convenga y se distribuye las tareas bajo su propio criterio.

El falso autónomo no es más que un trabajador encubierto. Dicho de otro modo, es un trabajador, que mantiene una relación de dependencia laboral con una empresa u organización, a la que presta servicios y trabaja, pero que, en vez de tener un contrato laboral por cuenta ajena, está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El falso autónomo realiza las tareas encomendadas bajo las instrucciones y órdenes de la empresa, percibe un sueldo fijo o regular de manera mensual, y acude a su puesto de trabajo de manera regular, como si fuese un trabajador asalariado.

Pero, ¿qué peligros puede tener esto para una empresa?

Lo anterior es una práctica prohibida por Ley, que puede conllevar la imposición de numerosas sanciones para una empresa. 

Tener falsos autónomos constituye fraude laboral para la Inspección de Trabajo que se apoya en la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, donde se considera como una infracción grave “no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido”. La cuantía por no tener a los falsos autónomos dados de alta en el Régimen General de Seguridad Social puede llegar a ser de hasta 10. 000.-euros.

Pero, además de obligar a dar de alta a todos los falsos autónomos en el Régimen General de Seguridad Social y de imponer la correspondiente sanción, la Inspección de Trabajo también puede exigir a las empresas el pago de las cuotas no abonadas por el tiempo en el que el trabajador debería haber estado cotizado en el Régimen General (con un máximo de 4 años), a las cuales se pueden aplicar los correspondientes recargos (que pueden oscilar entre el 100% y 150%).

Pero, es que, tener en plantilla falsos autónomos no solo puede ser constitutivo de fraude laboral sino que puede llegar a ser constitutivo de delito penal, en aquellos casos en los que la cifra de cuotas impagadas en los últimos cuatro ascienda a la cantidad de  50.000 euros.

Por último, cabe señalar que el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo para los años 2018-2020 incluyó el refuerzo de actuaciones para detectar este tipo de casos, por lo que es recomendable que las empresas cumplan con todas sus obligaciones en esta materia de cara a evitar que algo “aparentemente barato” les salga muy caro.