La celebración de los actos procesales por vía telemática, más allá del RDL 16/2020

AUTOR: Javier Poncet

FECHA: 02.06.2020

El pasado 28 de abril, el Gobierno acordó, mediante Real Decreto-Ley 16/2020, una serie de medidas técnicas y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia, con el fin de dar salida a la recuperación de la actividad de los Juzgados y Tribunales españoles, paralizados prácticamente en su totalidad desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo.

Entre tales medidas, sin duda destaca por su posible alcance a futuro, la preferencia del uso de medios telemáticos para la celebración de actos procesales que por su naturaleza habrían de realizarse de forma presencial, con el fin de prevenir riesgos para la salud de los intervinientes, dada la situación de emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19.

De tal manera, el artículo 19 del RDL 16/2020 dispone que durante la vigencia del estado de alarma, y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general, todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo anterior, a priori, esta medida tendría vigencia hasta el próximo 8 de septiembre, a la espera de una posible prórroga del Estado de Alarma hasta el 21 de junio, que todavía no ha sido discutida en el Congreso de los Diputados.

Cabe afirmar que esta medida no resulta del todo novedosa, por cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma operada por Ley Orgánica 19/2003, posibilita mediante su artículo 229 que las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas podrán realizarse mediante videoconferencia.

Sin embargo, hasta ahora, la celebración telemática reservaba para supuestos en los que el compareciente, alegando la correspondiente justificación, no podía presentarse ante el Tribunal en la fecha señalada, dotando de gran discrecionalidad a juez a la hora de decidir la procedencia o no de tal proceder.
Sin embargo, dada la alerta sanitaria generada por el COVID-19, y las medidas de distanciamiento social que imperarán en nuestro país durante los próximos meses, la videoconferencia en el ámbito de la Administración de Justicia pasa de “opcional” a preferente.

Ahora bien, no todos los actos procesales obedecen a los mismos formalismos y trámites, de manera que en la implementación de esta medida, es posible que se encuentren algunas dificultades.  Si hasta ahora las videoconferencias se centraban en comparecencias individuales dentro de la tramitación de un acto como es la celebración del juicio, desde este momento el uso de herramientas telemáticas se expande a todos los trámites orales.

Así, a modo de ejemplo, ¿qué sucederá en aquellos supuestos en los que durante el trámite de Audiencia Previa una de las partes proponga prueba documental adicional? ¿Cómo gestionará el Tribunal la celebración de un juicio en el que deban comparecer varios testigos? Cuestiones que sin duda habrán de encontrar solución con el fin de agilizar los temas en trámite en los Juzgados españoles y evitar la posible avalancha de nuevos procedimientos.

A este respecto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 27 de mayo una Guía para la celebración telemática de actuaciones judiciales. El espíritu de la misma consiste en la salvaguarda de la tutela judicial efectiva, garantizando al tiempo el cumplimiento de todos los requisitos técnicos mediante los servicios técnicos del CGPJ.

Esta tecnología deberá cumplir con unos estrictos requisitos de seguridad y sofisticación, dado el carácter sensible de las actuaciones que se desarrollarán. Por ello, paralelo a herramientas ya conocidas para los tribunales, como el sistema de grabación de vistas o el sistema de “videoconferencias de calidad”, surgen nuevas tecnologías, como el almacenaje de documentos seguros o la habilitación de salas de vistas que regulen el momento de cada comparecencia mediante la figura de un moderador.

Lo anterior observando siempre las normas de seguridad exigibles, entre el que se encuentra la autentificación de las partes, la encriptación de las comunicaciones y la confidencialidad, garantizando que en la celebración de cada acto procesal se cumpla con los principios ordenadores del procedimiento correspondiente, como lo son la publicidad, oralidad, contradicción y derecho a la defensa, entre otros.

Es pronto, por el momento, para realizar estimaciones de la eficacia e impacto de todas estas medidas una vez se reanude la actividad en el ámbito de la Administración de Justicia. Sin embargo, una de las lecciones que el confinamiento nos ha enseñado a través del teletrabajo es la efectividad, flexibilidad y optimización de recursos que permiten las herramientas de comunicación telemática.

Bien es cierto que por el momento, las celebraciones de actos procesales por vías telemáticas tendrían carácter preferente hasta el próximo mes de septiembre. Pero igualmente, de probarse tales beneficios de la tramitación telemática, quizás en cuestión de meses observemos que lo digital gane terreno en nuestra Administración de Justicia. El tiempo, y la experiencia, dirán.