Necesidades del urbanismo español

AUTOR: Ana Sacristán

FECHA: 24/01/2020

La Real Academia Española define urbanismo como “el conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de las ciudades” y en su segunda acepción indica que es “la organización u ordenación de los edificios y espacios de una ciudad”. En consonancia con tales definiciones, podríamos afirmar que el urbanismo afecta a todos los que pretenden vivir en una ciudad. Es opinión mayoritaria en el mercado inmobiliario que la escasez de vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas de un sector que ha sido sometido a un ajuste brutal durante la crisis económica. La insuficiente oferta de vivienda asequible, unida a la precariedad de los salarios, así como la baja tasa de ahorro de las familias y la falta de un mercado de vivienda en alquiler profesional e institucionalizado, no contribuyen a paliar esta circunstancia social extremadamente preocupante.

Una de las múltiples causas de esta situación es la falta de suelo finalista que permita poner en el mercado viviendas asequibles para segmentos de la población cada vez más amplios, pues ya no sólo son los jóvenes sino también las clases medias los que se están viendo afectados. Los promotores vienen denunciando desde hace años que la administración pública no ha dado la respuesta deseada y que se podrían haber aprovechado los años de la crisis para poner suelo en carga. Pero el planeamiento urbanístico en la mayor parte de España no contribuye a que las distintas administraciones puedan aportar suelo al mercado de una manera ágil y rápida con la que facilitar la promoción de viviendas.

A ello tampoco contribuye nuestra descentralización, ya que al ser el urbanismo competencia transferida a las Comunidades Autónomas, y ser los instrumentos de ejecución de ámbito local, podemos hablar de diecisiete sistemas urbanísticos diferenciados acompañados de las correspondientes normas municipales (a razón de más de 8.000 Ayuntamientos), que en mayor o menor medida se encuentran obsoletas y con necesidades de reforma por el propio desarrollo de las ciudades; véase por ejemplo la situación de la capital, con un Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que data de 1997 y que ha sido objeto de numerosas modificaciones puntuales, pero cuya reforma integral no ha sido acometida por ninguno de los gobiernos municipales hasta la fecha. La heterogeneidad de la normativa requiere una revisión de cada localización y, con ello es preciso estudiar, entre otras cosas, las leyes sectoriales, el planeamiento urbanístico local y la legislación aplicable en el ámbito autonómico y estatal.

Como se ha mencionado con anterioridad, resulta absolutamente necesaria la agilización de los procesos urbanísticos, a lo que igualmente no contribuye la excesiva judicialización de nuestro planeamiento urbanístico, ya que debemos recordar que algunos instrumentos aprobados por la administración competente han sido anulados con posterioridad por los tribunales. Tanto el legislador estatal como el autonómico tienen que dar solución a esta situación.

Hemos de añadir que los dilatados procesos de concesión de licencias, tanto para rehabilitación como para obra nueva, influyen directamente en la rapidez de la ejecución de proyectos, que impide aportar nueva oferta de vivienda al mercado. Una mayor dotación de medios a los Ayuntamientos, también de recursos humanos, y la agilización normativa y procedimental mediante la digitalización de los servicios, podrían ser herramientas que contribuyan a reducir el coste económico y temporal para promotores e inversores, y que en última instancia se repercute al adquirente de las viviendas y contribuye a su encarecimiento.

Evidentemente, la descripción de la situación desemboca en la idea de que nuestro sistema urbanístico no goza de la seguridad jurídica que requiere una inversión tan importante como suele ser la inmobiliaria. Los inversores extranjeros se sorprenden de la dificultad que conlleva el estudio de las circunstancias urbanísticas de una determinada localización, así como las incertidumbres que tal análisis contiene. Y ello en un momento en el que existe cierto consenso en que la colaboración público-privada, así como la inversión extranjera, son fundamentales a la hora de encontrar una solución al fenómeno descrito que, como hemos mencionado, está teniendo ya importantes consecuencias sociales y demográficas en nuestro país.

Por supuesto que, a la hora de analizar las posibles soluciones al urbanismo, no ha de olvidarse la necesidad de que tal desarrollo urbanístico sea sostenible, evitando así errores cometidos en el pasado y que, en gran medida, han contribuido a la excesiva judicialización del sector. Las ciudades siguen constituyendo en el siglo XXI un polo de atracción para la población en todo el mundo, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico, como desde la innovación tecnológica y cultural, por ello podemos afirmar que los núcleos urbanos van a seguir creciendo en España. Por consiguiente, el urbanismo ha de contribuir a la construcción de un modelo de ciudad con calidad de vida, enfocada al residente y al visitante, con unas infraestructuras que contribuyan a la mejora de la movilidad y en la que la eficiencia energética y la optimización de los servicios contribuyan a la sostenibilidad de una forma de vida que sea compatible, cada vez más, con el cuidado del medioambiente y de nuestro planeta, en beneficio de todos los que vivimos en él ahora y de las generaciones futuras.

Precisamente esta reflexión nos conduce a pensar que nos encontramos en un contexto general de reorientación del urbanismo, en el que debemos exigir a las administraciones públicas españolas competentes en la creación de la estructura normativa y en la ejecución de nuestro planeamiento, que, sin perder de vista los errores del pasado, se propongan incrementar la oferta de vivienda asequible y decidan, de una vez por todas, acometer las medidas correctas para evitar escenarios de tensión urbanística que desequilibren la vida en nuestras ciudades.