Aplicabilidad de la exención incluida en el artículo 7. P) de la Ley de IRPF. Actualidad fiscal con el reciente Auto del Tribunal Supremo de 21 de febrero del 2020.

AUTOR: José Luis Lorenzo

FECHA: 12.03.2020

La exención recogida en el artículo 7, letra p), de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF aplicable a los trabajadores que se desplazan a trabajar en el extranjero, es siempre objeto de controversia debida a la amplia y diversa casuística que puede llegar a producir.

El artículo 7.p) de la Ley de IRPF establece que estarán exentos:
“p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos:

1º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos en el apartado 5 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

2º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional (C.D.I) que contenga cláusula de intercambio de información. La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales. Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el importe diario exento. Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el reglamento de este impuesto, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.”

Por tanto, los  requisitos expuestos anteriormente son los que se tienen que cumplir para que los rendimientos del trabajador desplazado queden exentos de tributación. Un ejemplo común es el trabajador que se desplaza a un país distinto a España para prestar servicios de ingeniería o asesoramiento en favor de la filial de la empresa de la que es trabajador, redundando en esta un beneficio empresarial. Por tanto, en caso de no existir vinculación, que el beneficio de los servicios prestados sea íntegro para la empresa extranjera y que se presten en un país donde exista un C.D.I, además de un impuesto análogo al IRPF, dejarían exentos los rendimientos percibidos por el trabajador con el límite que se indica (60.100 euros).

A colación con lo anteriormente expuesto, el Tribunal Supremo, tiene que precisar si resulta aplicable a un caso preciso en el que el abogado del Estado y el contribuyente difieren y solicitan al órgano en cuestión que se pronuncie para dilucidar si la exención es aplicable o no. Dicho acto ha tenido lugar por medio del Auto de 21 de febrero de 2020, la Sección Primera del Tribunal Supremo ha sometido dos cuestiones sobre las que debe pronunciarse el Tribunal, dichas cuestiones son las siguientes:

1. Precisar el alcance de la expresión "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero", incluido en el citado texto Legal. En concreto, si se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y el control propios de la participación en los consejos de administración de una filial que se encuentra en el extranjero.

2. En segundo lugar, se hace referencia a la doctrina jurisprudencial existente sobre imposición o no de sanciones en caso de simulación. El caso expuesto al Tribunal Supremo, acontece un hecho en el que se alude a una posible simulación por una sociedad ficticia ya que la misma no dispondría de elementos materiales independientes que le permitiera valerse por sí misma y ser autónoma.

Sobre dichos hechos ha de pronunciarse el Tribunal Supremo y, por tanto en este sentido crear jurisprudencia aplicable al caso y a casos futuros. En el citado Auto, el Tribunal aclara que se pronunciará y aclarará las cuestiones de aplicabilidad del artículo 7. p). al caso en cuestión, además aclarará y matizará la doctrina jurisprudencia existente sobre imposición o no de sanciones en caso de simulación, a fin de determinar si, estimada la existencia de un acto simulado, a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley General Tributaria, es procedente y sería aplicable.