Como tributan los salarios de tramitación y de la devolución de la indemnización por despido en caso de que el empleado se reincorpore a su puesto en la empresa. Obligaciones fiscales inherentes al cambio de situación para el trabajador.

AUTOR: José Luis Lorenzo

FECHA: 19.05.2020

En este artículo, analizaremos la Consulta Vinculante V0075-20. En esta situación el consultante fue despedido de la en empresa en cuestión en julio de 2017, el despido fue objetivo consecuentemente corresponde al empleado una indemnización por despido.

El consultante mostró su disconformidad con el despido, por tanto presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social. El juzgado en sentencia de 21 de diciembre de 2017, declaró la improcedencia del mismo condenando a la empresa al pago de una indemnización por despido improcedente o como vía alternativa, ofreció la readmisión del empleado en su puesto de trabajo con el abono de los salarios dejados de percibir.

La empresa recurrió dicha sentencia. El perjudicado presentó demanda de readmisión provisional, y el Juzgado de lo Social, en auto de 16 de abril de 2018, condena a la empresa a la readmisión del consultante y al abono de los salarios de tramitación. El 26 de abril de 2018, la empresa pagó los salarios de tramitación y el 9 de mayo de 2018, la empresa procedió dio de alta al consultante en la Seguridad Social, con carácter retroactivo desde 4 de julio de 2017.

Analizamos en primer lugar la imputación temporal de los rendimientos del trabajo que el artículo 14.1 a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nos indica que como regla general, los rendimientos del trabajo se imputan al período impositivo en que son exigible por su perceptor. Junto a esta regla general, el apartado 2 de dicho artículo contiene ciertas reglas especiales, entre ellas, dispone que:

a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza."

Por tanto de acuerdo a lo dispuesto en el precepto legal, la indemnización por despido, considerada como un rendimiento del trabajo, se imputa al periodo 2017, cuando se produjo el despido y por tanto fue exigible.

En cuanto a los salarios en tramitación, éstos se imputan al periodo impositivo en que adquirió firmeza la resolución judicial, por ende en 2018, año en que se dicta el auto judicial reconociendo dichos salarios con el periodo comprendido entre julio 2017, el momento del despido y la fecha de reincorporación, readmisión provisional del empleado en la empresa.

Tenemos que tener en cuenta llegados a este punto, lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se regula la jurisdicción social, dicho texto dispone lo siguiente en su artículo 123:

2. Cuando se declare improcedente o nula la decisión extintiva, se condenará al empresario en los términos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de los correspondientes al período de preaviso.

3. En los supuestos en que proceda la readmisión, el trabajador habrá de reintegrar la indemnización recibida una vez sea firme la sentencia.”

Por tanto el empleado, debe proceder a la devolución a la empresa de la indemnización obtenida y proceder a la regularización de su situación fiscal. El empleado podrá efectuarla instando la rectificación de las autoliquidaciones, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria:

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente."

En el presente caso y siguiendo el hilo de la CV 0075-20, la rectificación de la autoliquidación origina una devolución derivada de la normativa del tributo y habiendo transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta por tanto abonará el interés de demora del artículo 26 de esta Ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite en la misma rectificación.

A estos efectos, el plazo de los seis meses comienza a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, en caso de que concluyese, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

La ley General Tributaria, nos indica en el mismo artículo que: “Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley."

Por tanto, siendo un proceso tedioso tanto para empleado como empresa dado que la presencia de los Juzgados de lo Social ralentiza un poco el procedimiento en sí, el empleado no debe de olvidar que tiene que regularizar su situación fiscal para de acuerdo a las normas tributarias poner en un contexto fiscal adecuado, las percepciones recibidas con motivo de su readmisión y devolver la indemnización que con motivo del despido ha recibido por parte de la empresa.