Indemnización por desistimiento del empresario del contrato de alta dirección, cambio de criterio del Tribunal Supremo y exención del I.R.P.F.

AUTORES: Alfonso Huéscar, Luis Herrero, Sandra Burmann

FECHA: 03.12.2019

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2019 – Indemnización mínima obligatoria en caso de desistimiento del empresario del contrato de alta dirección y exención en el IRPF

En su reciente sentencia de 5 de noviembre de 2019, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declara que, en los supuestos de extinción de un contrato de alta dirección por desistimiento del empresario, el alto directivo tiene derecho a una indemnización mínima obligatoria de siete días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades. Como consecuencia, al tener carácter obligatorio, el Tribunal Supremo considera que dicha indemnización mínima está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se basa en la interpretación del artículo 11.1 del Real Decreto 1382/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección (en adelante, “RD 1382/1985”), reflejada en la sentencia de la Sala de los Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014. Dicha Sala interpreta el artículo 11.1 del citado Real Decreto, según el cual el alto directivo en caso de desistimiento del empresario “tendrá derecho a las indemnizaciones…”, de tal manera que las partes del contrato pueden pactar la cuantía de la indemnización, pero en ningún caso pueden eliminar la indemnización en su totalidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo sigue este criterio y concluye que la indemnización del alto directivo por desistimiento del empresario tiene carácter mínimo y obligatorio.

Desde el punto de vista laboral, la sentencia deja claro que no serán válidos los pactos con altos directivos en los cuales se acuerda la supresión de toda indemnización o el pago de una indemnización inferior a la mínima antes expuesta de siete días por año de servicio, con el límite de seis mensualidades.

Desde el punto de vista fiscal, esta sentencia rompe con el criterio interpretativo anterior al considerar el Tribunal Supremo que la indemnización derivada de la extinción de la relación laboral por desistimiento unilateral del empresario percibida por los altos directos puede beneficiarse de la exención prevista en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, “LIRPF”).

Dicha exención requiere, para su aplicación, dos elementos claramente identificables que pueden extraerse del tenor literal del propio artículo 7.e) LIRPF y que son objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo para terminar declarando dichas indemnizaciones como exentas:

  1. De un lado, que la cuantía de la indemnización tenga carácter obligatorio, para lo cual el Tribunal Supremo se apoya en la mencionada sentencia de la Sala de lo Social (de 22 de abril de 2014).
  2. Y, de otro, que dicha obligatoriedad venga impuesta por el Estatuto de los Trabajadores o su normativa de desarrollo, lo cual, a juicio del Tribunal Supremo, no plantea grandes dudas, dado que el Estatuto de los Trabajadores configura la relación laboral del personal de alta dirección como una relación de carácter especial (regulada en el RD 1382/1985).

 

Este nuevo criterio tendrá, a efectos prácticos, consecuencias tanto para los altos directivos que hayan percibido este tipo de indemnizaciones o que las vayan a percibir, como para las empresas que las vayan a satisfacer:

  1. En relación a los ejercicios anteriores a esta sentencia y que todavía no hubieran prescrito1, los altos directivos podrán solicitar la devolución del IRPF pagado en exceso, para lo que deberán instar la rectificación de las autoliquidaciones que hubieran presentado, y, de cara a futuro, podrán acogerse a la exención del artículo 7.e) LIRPF, tributando solamente por la parte no exenta, sobre la que podrán aplicar además, si se dan todas las circunstancias requeridas legalmente, una reducción del 30%2.
  2. Mientras que, por su parte, las empresas no vendrán obligadas a practicar retención sobre la parte de la indemnización exenta, que será la establecida con carácter obligatorio en el artículo 11.1 del RD 1382/1985 (siete días por año de servicio, con el límite de seis mensualidades), siempre teniendo en cuenta el límite de 180.000 euros.

1 2015, 2016, 2017 y 2018 – con la posibilidad de incluir ejercicios anteriores en los que, por alguna circunstancia, se hubiera interrumpido la prescripción del derecho del contribuyente a solicitar y obtener devoluciones.

2 Para lo que habrá que tener en cuenta los límites del artículo 18.2 LIRPF.