MODELO 720: España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

AUTOR: Luis Herrero

FECHA: 17.03.2020

El 23 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (asunto C-788/19) el recurso interpuesto por la Comisión Europea (en adelante, “Comisión”) contra España por el controvertido modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero), en el cual se cuestionan los siguientes aspectos:

1) Desproporcionalidad de las sanciones formales por la falta de presentación (5.000 euros por dato o conjunto de datos con un mínimo de 10.000 euros), presentación fuera de plazo y presentación con datos incorrectos (100 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo de 1.500 euros).

2) Imprescriptibilidad del modelo 720 al imputarse el valor de los bienes y derechos no declarados como ganancias patrimoniales injustificadas al último ejercicio no prescrito.

3) Sanción del 150% sobre la cuota tributaria que resulte de la anterior imputación.

A juicio de la Comisión, este régimen sancionador, aunque puede ser apropiado para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, es totalmente desproporcionado y contrario a la libertad de movimiento de personas, trabajadores y capitales dentro de la Unión Europea.

A pesar de que todavía está pendiente la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”), existen ya algunos pronunciamientos de los tribunales españoles que anulan las sanciones impuestas por la falta de presentación o presentación fuera de plazo del modelo 720, haciéndose eco del dictamen motivado de 15 de febrero de 2017, mediante el que la Comisión Europea emplazó a España para adecuar su normativa al derecho de la Unión Europea, del cual no se tuvo conocimiento general hasta un año después.

La más antigua de las sentencias que se pueden señalar es la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 28 de noviembre de 2018 (nº recurso: 144/2018), por la que se anula la sanción impuesta por la presentación fuera de plazo del modelo 720, al observar el tribunal falta de motivación de la misma, debido a que, en las fases anteriores al recurso, la Administración Tributaria, respecto a una de las alegaciones del contribuyente consistente en la existencia del citado dictamen motivado, se limitó a decir que su función no es la de entrar a valorar la adecuación de las normas al derecho comunitario, sino meramente la de aplicarlas, lo que, desde el punto de vista del tribunal, resulta insuficiente y es contrario a todas las garantías jurídicas que deben observarse a la hora de aplicar las normas.

Otra de las sentencias que anulan las sanciones del modelo 720, esta vez por estimar que la motivación del elemento subjetivo que debe concurrir para apreciar la infracción no es suficiente, es la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de mayo de 2019 (nº recurso: 163/2017). En este caso, el contribuyente alega el carácter desproporcionado de las sanciones y se apoya en el hecho de que las mismas están siendo revisadas por la Comisión Europea, a lo que la que la Administración Tributaria responde argumentando nuevamente que, mientras no hayan sido derogadas, su labor es la de aplicar las normas, entendiendo el tribunal que dicho argumento es insuficiente, ya que el principio de presunción de inocencia obliga a la Administración Tributaria a probar y motivar la concurrencia de cierto grado de culpabilidad que le permita sancionar.

La última de las sentencias anulatorias que vamos a comentar es la del Tribunal Superior de Justifica de Extremadura de 22 de julio de 2019 (nº recurso: 503/2018), en la que, otra vez en base al principio de presunción de inocencia, vuelven a anularse las sanciones impuestas al contribuyente por la presentación fuera de plazo, esta vez, de una declaración complementaria de otra que se había presentado en plazo para incluir un inmueble que, por error, no se había declarado.

El contribuyente aduce, entre otras cosas, que no puede apreciarse una conducta culposa ni ánimo defraudatorio y que actuó con la diligencia debida al haber procedido a presentar la declaración complementaria para corregir los errores de la anterior. Por su parte, la Administración Tributaria defiende que el contribuyente no actuó de forma negligente, ya que del hecho de que, aunque de forma incorrecta, se presentó una primera declaración en plazo y luego una declaración complementaria, puede deducirse que el mismo tenía o debía tener conocimiento, “bien de forma directa, bien a través de su asesoría o utilizando los servicios de información del contribuyente”, de la obligación de presentar el modelo 720 en plazo y de forma correcta. El tribunal resuelve diciendo, en este caso, que de la conducta del contribuyente, que presentó una primera declaración en plazo y que la complementaria se presentó sin requerimiento previo y dos meses y medio después, no puede inferirse un grado de culpa imprescindible para poder sancionar.

Así las cosas, tendremos que esperar a la sentencia del TJUE sobre el modelo 720, la cual esperamos que sea favorable al contribuyente y obligue a España a modificar el temido régimen sancionador vinculado al mismo, sin embargo, no debemos olvidar que sigue todavía vigente, al igual que la obligación de declaración. A pesar de ello, si constatamos que no lo hemos presentado o que, habiéndolo presentado, lo hemos hecho de manera incorrecta, no debemos preocuparnos más de lo necesario, debido a que, como hemos visto, el régimen sancionador del modelo 720 podría tener sus días contados.

Mientras tanto, os dejamos el enlace a una reciente sentencia del TJUE (asunto C-482/18) que, desde nuestro punto de vista, es muy ilustrativa, debido a que guarda cierta similitud con el tema que aquí nos concierne (el régimen sancionador vinculado al modelo 720). En dicha sentencia (y de forma muy resumida), el TJUE concluye que las sanciones impuestas a Google por la Administración Tributaria húngara, derivadas del incumplimiento de ciertas obligaciones formales vinculadas al denominado “impuesto sobre la publicidad”, son contrarias al principio de proporcionalidad y restringen la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea.